El Consejo Federal
de la FACEEF, reunido en París, el pasado 20 de octubre, tras larga
y meditada reflexión, resuelve, por unanimidad, confirmar su campaña
por una reforma democrática de los cauces de participación institucional,
mediante la retirada de todas sus listas de los actuales procesos de
renovación de los Consejos de Residentes en Francia, y la congelación
sine die del CRE de París.
En la reunión participaron
además de los miembros del Consejo Nacional, Luis Iglesias Roldán, presidente
de la FACEEF Languedoc Rousillon, Enrique Romero Ramos, presidente de
la FACEEF Este o Metz, Juan de Dios Martín Naranjo, presidente de la
FACEEF de los Pirineos Orientales, Julio Chulio Millán y José Pulido,
presidente y tesorero de la FACEEF Ródano-Alpes-Auvernia respectivamente,
y Matías Moya Calles, secretario de la FACEEF PACA o Marsella.
La posición de
la federación con respecto a los CRE, es el denunciar tanto la normativa
por obsoleta, anacrónica y porque no prevé la participación de pleno
derecho de las estructuras asociativas, como la violación constante
de la misma por parte de la administración. Violación que, desde que
se instauraron los CRE, vienen practicando casi todos los cónsules,
con el beneplácito de aquellas fuerzas que aceptan presentarse a las
elecciones sin que se respeten las premisas democráticas y legales más
elementales.
Nos estamos refiriendo,
principal pero no exclusivamente, a la obligación que contempla la legislación
electoral española de informar directa e individualmente a cada elector,
mediante carta personalizada, de que existe un proceso electoral, de
la fecha prevista para las votaciones de la candidatura o candidaturas
que se presentan, de los programas que defienden etc.
Este requisito impuesto por la legislación electoral, no es ni casual,
ni está motivado por capricho del legislador, ni por mera comodidad
para el elector, sino para permitirle el ejercicio real de un derecho
democrático inalienable y reconocido por la Constitución, el de estar
perfectamente informado para poder decidir libremente, y en "plena conciencia",
de la orientación del voto que tiene la facultad de ejercer. No se trata
aquí de un tema menor, que puede ser tratado a la ligera, pues no hay
que olvidar que estamos hablando del Sufragio Universal directo y secreto,
de cuyo resultado salen elegidas personas que tienen la condición de
"representantes legítimos" de todos los españoles que residen en una
determinada circunscripción.
Poner en cuestión este principio, violarlo o, simplemente, aceptar que
no se respete, es incurrir en una falta gravísima cuyas consecuencias
van mucho más allá de un simple "irrespeto de la ley".
Gravísima
consecuencia para los emigrantes en general pues ello significa que:
o Los emigrantes son tratados como ciudadanos menores, secundarios,
a los que se puede discriminar, pues no se les aplican las mismas normas
que a cualquier otro ciudadano español. o Se nos quiere hacer "cómplices"
de esa actitud ilegal y antidemocrática. O sea que incitándonos a ser
permisivos con la aplicación estricta de las normas legales y democráticas,
se pretende que aceptemos el principio que los emigrantes pueden ser
discriminados y tratados como personas irresponsables.
La mayor riqueza
de la emigración son sus asociaciones. Fragilizarlas es atentar
contra los propios emigrantes
Si las asociaciones y sus dirigentes, individual y colectivamente, permitiésemos
o no denunciásemos estas actitudes, de quienes pudiesen tenerlas perderíamos
toda credibilidad y legitimidad a continuar representando y defendiendo
los legítimos intereses de la emigración.
En efecto, como
podríamos exigir que se aplique la ley de la nacionalidad, que se reconozcan
los años trabajados en España, etc., si nosotros somos irrespetuosos
con la ley. Esa es la trampa que cínicamente nos tendió en un momento
determinado la administración de exteriores y que hoy, aunque haya podido
dejar de corresponder a su voluntad, parece incapaz de corregir en razón,
principalmente, de la inercia administrativa.
En efecto, podemos
preguntarnos: ¿Con qué fuerza, con qué legitimidad, podrá un Consejo
de Residentes, o un Consejero General elegido en estas condiciones,
hacer oír su voz, exigir que se cumplan en beneficio de los emigrantes
normas y leyes, si ellos han permitido, para ser elegidos, que éstas
se violen?
Y cabe preguntarse: ¿Quién defenderá los derechos de los emigrantes
una vez que las asociaciones y sus estructuras federativas, estén dividas
y hayan perdido su vitalidad y su capacidad de acción?.
¿Serán unos CRE
ilegítimos, pues elegidos antidemocráticamente por una ínfima e irrisoria
parte del electorado, y órganos sin ninguna prerrogativa ni ninguna
posibilidad de actuación autónoma, por ende?
Unos cauces de participación verdaderamente democráticos deben reposar
sobre las organizaciones de la sociedad civil Por supuesto, la respuesta
es no y mil veces no.
Los CRE solo tienen sentido, solo son democráticos, solo son aceptables
y solo pueden tener el apoyo del movimiento asociativo, si los procesos
electorales que conducen a su constitución son intachables desde el
punto de vista democrático y legal y si están totalmente exentos de
componendas, como la que consistiría a engañar a los electores presentando
varias listas con el único y exclusivo objetivo de burlar, una de las
exigencias más democráticas de las normas vigentes, la de obtener un
mínimo del 10% de los votos para validar el resultado de las elecciones.
Pero en realidad,
los únicos cauces de participación realmente democráticos, son aquellos
que responden a los preceptos constitucionales, que postulan por el
derecho de los ciudadanos a organizarse en asociaciones. Preceptos que
son perfectamente aplicados en todos los Estados de Derecho como en
nuestro propio país, para constituir los órganos consultivos tales como
el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Mujer, el de las Personas
Mayores, el de los Inmigrantes, etc. pero que incomprensible e injustificadamente,
se niega a los españoles de la emigración, a los que se impone un modelo,
el de los CRE, que, contrariamente a las apariencias, es antidemocrático.
Y es antidemocrático, por que es un contrasentido utilizar el Sufragio
Universal para elegir a unos órganos que no tienen ninguna función o
competencia legislativa o ejecutiva, pues se limitan a ser unos órganos
meramente consultivos.
Peor aún,
unos órganos que solo pueden "ser oídos" por los cónsules, y si a estos
se les antoja.
¿Cómo puede entenderse
tan tremendo desafuero? ¿Si el Sufragio Universal es el que dota de
legitimidad democrática, cómo puede entonces un funcionario, servidor
del Estado, tener tanta más supremacía que un electo del Pueblo?
Pero además, el uso del Sufragio Universal, está reglamentado por una
Ley Orgánica de Régimen Electoral General que establece las reglas democráticas
tan importantes como las de la organización de los procesos electorales,
la información a los electores, la financiación de las campañas de los
candidatos, los recursos antes las Juntas electorales, etc. etc., reglas
que para nada se tienen en cuenta en los procesos electorales de los
CRE.
Con ello llegamos a CRE elegidos hasta por el 1% del electorado. Más
todavía, la aberración suprema es que la normativa actual, con tal que
concurra más de una lista, admite la validez de las elecciones aunque
haya un único y solitario votante. Afirmar en estas condiciones que
los Consejos de Residentes en su forma actual son democráticos, es un
grave error, cuando no fruto de mala fe.
Esta es la posición
de la FACEEF, aprobada y refrendada tras largos años de discusión en
nuestras instancias democráticas, particularmente nuestro Congreso y
nuestro Consejo Federal.
La posición de las asociaciones hace fracasar la renovación de los CRE
en Francia Este es el camino que hemos tomado de manera decisiva, en
todas, las ocasiones que se nos han presentado desde que se ha lanzado
la actual campaña para la renovación de los CRE.
Las coordinadoras regionales de la FACEEF, en Estrasburgo, en Marsella,
en Burdeos y en Perpiñán, que es donde se ha presentado el caso hasta
ahora, han mantenido una postura muy positiva, coherente y digna de
elogio, retirando las listas, o no presentándolas, ante la negativa
del Ministerio de Asuntos Exteriores de organizar unas elecciones democráticas.
Así pues, no han
podido, celebrarse elecciones ni en Marsella, ni en Estrasburgo ni en
Perpiñán, donde la Administración tendrá que repetir convocatoria. En
Burdeos la única lista que concurrió solo obtuvo 54 votos sobre un censo
de unos 8 000 españoles, !es decir apenas el 0,5%!.También
allí se tendrán que reconvocar. El CRE de París también ha quedado paralizado
sine die.
En este mismo sentido,
los miembros de la lista de la FACEEF en el CRE de París, que junto
al de Lyon, es ciertamente especial desde el punto de vista que hemos
desarrollado en este escrito, pues son los únicos CRE que han sido elegidos
en el pleno respeto de las normas, incluido, sobre todo, el envío de
una carta individualizada a cada unos de los electores inscritos, han
mantenido una posición de solidaridad activa.
En efecto, en la última reunión de este organismo que tuvo lugar el
9 de noviembre, los consejeros de esta federación, han presentado una
moción por la que proponían congelar el funcionamiento del Consejo con
carácter definitivo, o al menos hasta tanto y cuanto el Ministerio de
Asuntos Exteriores, no se decida a sufragar las campañas electorales
tal y cual estipula la LOREG. Proposición que prosperó, pues fue aprobada
por 6 votos contra 2.
Las asociaciones de Montpellier y Bayona tienen en sus manos la oportunidad
histórica de consolidar el movimiento asociativo Quedan ahora, de inmediato,
dos demarcaciones consulares en los que el proceso ya está lanzado,
Montpellier y Bayona, en las que esperamos que las asociaciones de dichas
zonas, sabrán tomar la decisión de no aceptar procesos electorales ilegales
y antidemocráticos que hacen peligrar la unidad de acción del movimiento
asociativo, y la defensa de los intereses de los emigrantes.
